Por Horacio Erik Avilés Martínez

Las crisis que atraviesan las infancias y juventudes michoacanas son conocidas, están medidas y han sido denunciadas con evidencia suficiente. Lo que falta y lo que Mexicanos Primero Michoacán exige es voluntad política para convertir ese diagnóstico en acción estructurada, sostenida y verificable.

La brecha entre el conocimiento de la problemática y la efectividad de la respuesta institucional es, ella misma, una forma de violación a los derechos de la infancia. Cada año que transcurre sin respuesta de fondo equivale a otro año de vidas truncadas, de trayectorias educativas rotas y de generaciones que el Estado michoacano entrega a la pobreza, a la violencia o al crimen organizado antes de que cumplan los 18 años.

El punto de partida es reconocer que las crisis de las infancias michoacanas son sistémicas y que, por lo tanto, las soluciones parciales y aisladas no funcionan. Una beca que se entrega sin acompañamiento psicosocial, una escuela que recibe infraestructura pero que carece de docentes o un protocolo de acoso escolar que existe en papel pero que ningún maestro conoce son algunas de las formas en que el Estado simula actuar mientras la emergencia continúa profundizándose.

 Lo que se requiere es una política de Estado integral, con enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género y con recursos presupuestales etiquetados y auditables.

La primera acción urgente es la declaratoria formal de la desescolarización como emergencia educativa en Michoacán. Esta declaratoria debe traducirse en la activación de un plan extraordinario de retención y reinserción escolar con metas específicas, responsables institucionales identificados, recursos presupuestales adicionales y un sistema de seguimiento por plantel y por municipio. Los programas de becas, como “Gertrudis Sánchez”, “Rita Cetina”, “Benito Juárez” y demás deben de rediseñarse para articularse con acompañamiento psicosocial, orientación vocacional y tutoría académica, de tal manera que la transferencia económica funcione como parte de un sistema de soporte integral y no como un mecanismo aislado cuya eficacia en la reducción del abandono ha demostrado ser marginal.

La segunda acción urgente es la constitución de un Consejo Estatal de Participación para la Protección de la Infancia y la Adolescencia, con representación real de la sociedad civil, el sector educativo, la academia, las familias y los propios jóvenes.

Este consejo debe contar con facultades efectivas de seguimiento, de acceso a información y de transparencia sobre los protocolos de seguridad escolar, los planes de atención a víctimas de violencia y los mecanismos de alerta temprana ante el reclutamiento del crimen organizado. 

La participación de los propios estudiantes en el diseño de las soluciones que les competen es una condición de legitimidad que quedó confirmada por los alumnos de 19 escuelas de Morelia y Uruapan, quienes alzaron la voz con diagnósticos más precisos que muchos informes gubernamentales.

La tercera acción urgente concierne directamente al trabajo infantil. El Gobierno de Michoacán debe suscribir un programa estatal específico de erradicación con metas medibles hacia 2027 y 2030, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 de la Agenda 2030. La normalización cultural del trabajo infantil bajo el argumento del aprendizaje de un oficio o del apoyo económico familiar requiere campañas de comunicación masiva y trabajo comunitario sostenido que transformen esos marcos culturales que perpetúan la explotación.

 El gobierno estatal debe además exigir formalmente a la federación recursos presupuestales etiquetados para Michoacán en materia de erradicación del trabajo infantil, puesto que el Presupuesto de Egresos de la Federación carece actualmente de programas específicos con esa finalidad.
 
Toda escuela pública en Michoacán debe contar con un protocolo actualizado y operativo de prevención del acoso escolar, con rutas de denuncia accesibles y espacios seguros de atención. Eso es lo que pidieron los propios alumnos el 29 de abril de 2026. El Estado tiene la obligación de escucharlos.

Las escuelas de los 20 municipios donde se han documentado cierres de planteles, ataques armados y cobro de derecho de piso deben recibir atención prioritaria e inmediata, con presencia institucional coordinada entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad y las instancias federales.

La salud mental de las infancias michoacanas debe ser declarada un componente indisociable del derecho a la educación, con presencia garantizada de orientadores y psicólogos en los centros escolares con mayor índice de violencia reportada, y con un sistema de alerta temprana ante amenazas digitales que permita a las autoridades identificar y responder a tendencias virales con potencial de daño antes de que se propaguen en las comunidades educativas.

Michoacán requiere también un programa específico de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento interno forzado, con garantías de acceso inmediato a la educación y a la atención médica, sin condicionantes burocráticos que profundicen la vulnerabilidad de quienes ya lo han perdido todo.

 Las comunidades de origen que expulsan familias por la acción del crimen organizado necesitan estrategias de recuperación territorial que restituyan las condiciones mínimas de seguridad y de convivencia, de tal manera que el retorno voluntario sea una opción real y digna para quienes huyeron.

En materia educativa, Mexicanos Primero Michoacán propone que la Secretaría de Educación de Michoacán implemente un sistema estatal de seguimiento de trayectorias escolares, con identificación temprana de factores de riesgo de abandono a nivel de alumno, de grupo y de plantel. Este sistema debe estar vinculado con las bases de datos de los programas sociales, de las instancias de protección a la infancia y de las fiscalías locales, de tal manera que la alerta temprana sea efectiva y la respuesta institucional sea coordinada y oportuna.

La apertura de nuevos planteles de educación media superior en los municipios con mayor tasa de abandono debe salir del discurso presupuestal para convertirse en obra ejecutada antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

En materia de seguridad, la política pública debe adoptar un enfoque explícito de protección de las infancias frente al crimen organizado, con programas comunitarios de prevención del reclutamiento, con atención especial a los municipios identificados por UNICEF como territorios de captación temprana, y con mecanismos de reinserción social para los menores que han sido captados y que buscan salir de esas estructuras delictivas.

La coordinación entre las instancias de seguridad y las de protección a la infancia debe dejar de ser excepcional y convertirse en un protocolo permanente de operación.
En materia de salud, el Gobierno de Michoacán debe garantizar la presencia de servicios de salud mental accesibles y culturalmente pertinentes en las 10 regiones económicas del estado, con énfasis en las zonas rurales e indígenas donde la distancia geográfica y la estigmatización cultural actúan como barreras que impiden a los menores más afectados recibir la atención que necesitan.

La formación de docentes en primeros auxilios psicológicos y en detección temprana de trastornos emocionales debe incorporarse como componente obligatorio de la actualización pedagógica del magisterio michoacano.

Por lo anteriormente dicho, Mexicanos Primero Michoacán convoca a todos los actores de la vida pública michoacana a conformar un verdadero punto de inflexión. Al gobierno del estado, a quien le corresponde la conducción política de la respuesta a esta emergencia y la garantía de que los recursos sean suficientes, oportunos y correctamente dirigidos. A los presidentes municipales, quienes conocen de cerca la realidad de sus comunidades y tienen la capacidad de articular la acción local con la política estatal.

Al Congreso del Estado, que tiene en sus manos los instrumentos legislativos y presupuestales para dotar de estructura jurídica y financiera a las acciones que las infancias michoacanas requieren con urgencia. A las organizaciones de la sociedad civil, que han construido durante años el diagnóstico y la evidencia que ahora sirven de base para estas propuestas.

A las maestras y maestros, que son el vínculo más inmediato entre el Estado y cada niña o niño en situación de riesgo. Y a las familias, cuya participación activa en la vida escolar es una condición indispensable para que cualquier política pública de protección de las infancias funcione.

Cada niña que trabaja en un campo agrícola en lugar de estar en un salón de clases, cada adolescente que abandona la escuela porque la violencia o la pobreza se lo impone, cada menor reclutado desde los nueve años por grupos armados que el Estado ha sido incapaz de desarticular y cada joven desplazado que crece sin comunidad, sin escuela y sin certeza sobre su futuro son sujetos plenos de derechos y la magnitud de lo que el Estado michoacano les niega cotidianamente es la medida exacta de la deuda que la política pública tiene pendiente de saldar.

La construcción de un Michoacán con futuro pasa necesariamente por la garantía de que sus infancias y juventudes puedan estar en las escuelas de forma segura, aprender en ellas con calidad y participar en sus comunidades con dignidad. Esa es la obligación jurídica, ética y política del Estado michoacano.

Esperemos que tomar en serio el Día del Niño y realizar políticas públicas visionarias, pensando en las próximas generaciones, como una manera de saldar la inconmensurable deuda sistémica con los niños del ayer sea el inicio de un compromiso real, sostenido y verificable, para que en lo sucesivo, cada decisión de política pública en el estado tenga como primer criterio de evaluación la siguiente pregunta: ¿garantiza a nuestras niñas y niños el derecho a estar, a aprender y a participar? La hora de la responsabilidad con las infancias ha llegado. ¡Merecemos un gobierno educador!
 
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.